En Hidalgo avanza la Ley Alberto, una iniciativa impulsada por colectivos ciudadanos y organizaciones como Equidad y Justicia Docentes. Nace tras el fallecimiento del profesor Alberto Israel Jaso Cruz, caso que encendió el debate sobre cómo se manejan las denuncias en el ámbito laboral y social.
La propuesta tiene 3 ejes centrales:
1. Proteger la presunción de inocencia: Que ninguna persona sea señalada, suspendida o expuesta públicamente antes de que exista una sentencia.
2. Castigar las denuncias falsas: Establecer sanciones para quien utilice el sistema de justicia para dañar, difamar o vengarse con acusaciones sin sustento.
3. Regular protocolos institucionales: Que escuelas, empresas y dependencias tengan procedimientos claros para actuar, sin dañar la vida laboral, económica y social de la persona durante el proceso.
“El objetivo no es encubrir delitos. Es que haya justicia real, con pruebas, y no juicios en redes sociales o despidos automáticos antes de investigar”, explican integrantes de Equidad y Justicia Docentes.
¿QUÉ OPINA LA GENTE?
La mayoría manifiesta estar de acuerdo con la Ley Alberto. El hartazgo por las “funas” y los despidos inmediatos sin investigación ha generado respaldo.
“Todos merecemos que nos escuchen y que se investigue. Nadie debería perder su trabajo y su nombre por una mentira”, comenta una maestra de Pachuca.
Sin embargo, en ese mismo respaldo aparece otra exigencia ciudadana: que los menores de 15 años en adelante que cometan o inciten a cometer delitos graves sean juzgados como adultos.
“Apoyamos que se cuide la presunción de inocencia. Pero también vemos casos donde a los 15 ya saben lo que hacen y usan eso para delinquir. Ahí la ley tiene que ser pareja”, señala un padre de familia.
Otros señalan: “Que se castigue la denuncia falsa, sí. Pero que tampoco se use la ley para proteger a culpables. El equilibrio es clave”.
La Ley Alberto pone sobre la mesa 2 cosas:
1. Proteger a las personas inocentes de daños irreversibles antes de una sentencia.
2. Garantizar que la justicia sí llegue cuando hay delitos reales, sin importar la edad.
Para los impulsores, se trata de justicia con debido proceso. Para la ciudadanía, se trata de no volver a ver vidas destruidas por rumores, pero tampoco de impunidad.
El reto ahora está en el Congreso: redactar una ley que proteja derechos sin dejar puertas abiertas a la impunidad.
Porque como dicen los colectivos: “Justicia sí, pero justicia completa”.
¿Y tu qué opinas?
Síguenos en nuestro canal de difusión:
