Fidel Arce Santander, exalcalde de Epazoyucan, ha sido condenado a ocho años de prisión tras ser encontrado culpable de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Estos delitos se cometieron en el marco del escándalo conocido como “La Estafa Siniestra”, que implicó el desvío de más de 14 millones de pesos que originalmente estaban destinados a proyectos de infraestructura en el municipio.
La sentencia se dictó a través de un proceso abreviado en la causa penal 1438/2022, donde se confirmó que Arce Santander desvió recursos que debían ser utilizados para obras de pavimentación y reencarpetamiento de vialidades en Epazoyucan. Además de la pena de prisión, el exalcalde deberá realizar una reparación del daño por un monto de 4 millones 264 mil 734 pesos, a favor del gobierno de Hidalgo. Este castigo refleja la gravedad de los delitos cometidos y la falta de conmutación de la pena subraya la determinación del sistema judicial en este caso.
El exalcalde no es el único funcionario involucrado en esta red de corrupción, que ha sido un escándalo significativo en Hidalgo. “La Estafa Siniestra” ha implicado a varios alcaldes y funcionarios municipales en el desvío de recursos públicos. Los fondos desviados, que superan los 14 millones de pesos, estaban destinados a mejorar la infraestructura del municipio, pero fueron malversados bajo la administración de Arce Santander y otros implicados.
La detención de Fidel Arce Santander se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2022, como parte de un operativo más amplio que incluyó la captura de otros tres alcaldes de los municipios de Yahualica, Nopala y Huautla. Estas detenciones fueron confirmadas por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, quien señaló que todos estaban vinculados a “La Estafa Siniestra”. Esta operación fue un paso crucial en la lucha contra la corrupción en la región y refleja el compromiso del gobierno estatal de llevar a los responsables ante la justicia.
El escándalo de “La Estafa Siniestra” ha tenido un impacto significativo en la confianza pública hacia las autoridades locales, ya que la malversación de fondos destinados a proyectos de infraestructura esenciales ha dejado a las comunidades afectadas sin los recursos necesarios para mejorar sus condiciones de vida. La sentencia contra Arce Santander es vista como un ejemplo de la determinación del sistema judicial para castigar severamente a los funcionarios corruptos y desalentar futuras infracciones.
Este caso continúa siendo un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. La corrupción no solo socava el desarrollo de las comunidades, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en sus líderes y en el sistema judicial. Las acciones tomadas en contra de Arce Santander y otros implicados son un paso en la dirección correcta para restaurar la fe en las instituciones y asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera justa y efectiva.
