El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, confirmó que la creciente violencia en el estado de Sinaloa está relacionada con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, el 25 de julio. La captura del narcotraficante ha desencadenado una feroz confrontación entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: “Los Chapitos”, liderados por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y “Los Mayos”, leales a Zambada.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario Sandoval explicó que tras la detención de “El Mayo”, el Gabinete de Seguridad tomó medidas preventivas para evitar un conflicto entre estos grupos dentro del Cártel del Pacífico. A pesar de cinco semanas de relativa calma en agosto, la violencia comenzó a estallar en septiembre, marcando el inicio de una nueva ola de enfrentamientos entre las dos facciones.
Desde el 9 de septiembre, la situación ha empeorado considerablemente. Luis Cresencio Sandoval informó que hasta la fecha, 30 personas han sido detenidas y 30 civiles han perdido la vida, 22 de ellos en la ciudad de Culiacán, uno de los principales puntos de conflicto. Además, se han registrado 13 agresiones directas contra las fuerzas armadas, con nueve ataques dirigidos al personal del Ejército y cuatro a la Guardia Nacional. En estos enfrentamientos, dos militares (un oficial y un sargento) han fallecido, y otros nueve resultaron heridos.
La intensificación de la violencia también ha afectado a la población civil, obligando a las autoridades a cancelar las actividades escolares en varios municipios de Sinaloa, incluidos Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio. Para evitar exponer a los estudiantes al riesgo, las clases fueron suspendidas y, en algunos casos, se optó por mantener la modalidad virtual en las instituciones educativas. La situación fue tan grave que incluso los festejos patrios del 15 de septiembre fueron cancelados en estas regiones.
Para hacer frente a la creciente inseguridad, la Sedena ha desplegado un fuerte operativo militar en el estado. Según Cresencio Sandoval, 2,200 efectivos han sido movilizados, apoyados por cinco aviones T6 de la Fuerza Aérea Mexicana, cuatro helicópteros artillados y una serie de operativos terrestres. Durante estas operaciones, las fuerzas de seguridad han logrado decomisar un arsenal significativo: 119 armas de fuego (115 largas y 14 cortas), dos granadas, un lanzacohetes, chalecos balísticos, cargadores y municiones. También se aseguraron 14 vehículos blindados, una patrulla clonada y 59 unidades de transporte de diversas características.
Además de las armas y vehículos, las autoridades han realizado importantes aseguramientos de drogas. Sin embargo, no se proporcionaron cifras exactas sobre la cantidad de cocaína, goma de opio, marihuana y metanfetamina incautadas. Estos esfuerzos buscan contrarrestar la influencia del narcotráfico en la región y disminuir el poder de fuego de las facciones en conflicto.
La violencia también ha generado un aumento en otros delitos. Según Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal General del Estado de Sinaloa, desde el 9 de septiembre se han registrado 37 casos de personas privadas de su libertad y 47 denuncias de robo de vehículos, todos vinculados a la confrontación interna del Cártel de Sinaloa. Estos hechos reflejan cómo la lucha por el control del territorio no solo afecta a los involucrados en el narcotráfico, sino también a los civiles que se encuentran atrapados en medio de la violencia.
A pesar de la implementación de operativos y medidas de seguridad, la situación sigue siendo tensa en Sinaloa. Algunas instituciones educativas, como la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Universidad de Durango (UAD), el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), han decidido mantener las clases virtuales hasta que la seguridad de los estudiantes y el personal académico pueda garantizarse plenamente.
Este conflicto no solo pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en el estado, sino también los efectos colaterales que la guerra interna entre los cárteles tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos. Los esfuerzos del gobierno federal y las fuerzas armadas para controlar la situación son significativos, pero la magnitud del conflicto y la capacidad de los grupos criminales para reorganizarse sigue siendo un reto para las autoridades.
El informe presentado por el secretario Sandoval deja claro que la violencia no ha terminado y que el conflicto entre “Los Chapitos” y “Los Mayos” podría seguir escalando. Mientras tanto, la población sinaloense permanece en un estado de incertidumbre, esperando que las acciones de las autoridades puedan eventualmente restaurar la paz en su territorio.
