En una sesión que se extendió hasta la madrugada, el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, previamente avalada por el Senado de la República. Con 24 votos a favor y seis en contra, la LXVI Legislatura concluyó la votación alrededor de las 00:30 horas del viernes 13 de septiembre, en una sesión ordinaria que generó intensos debates entre las diferentes bancadas políticas.
El dictamen en materia de reforma judicial había sido motivo de controversia en todo el país, y su discusión en Hidalgo no fue la excepción. Los legisladores de Morena, Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se unieron para respaldar la iniciativa, asegurando que la reforma transformará el sistema judicial del país, al hacerlo más justo y accesible.
Horas antes de la votación en Hidalgo, otros congresos estatales ya habían aprobado la reforma, alcanzando los 17 estados necesarios para su validación constitucional. Esto implicaba que la aprobación por parte del Congreso hidalguense, aunque simbólicamente importante, no era esencial para la legalización de la reforma. No obstante, la discusión en Hidalgo reflejó las divisiones ideológicas que existen en torno a esta transformación del Poder Judicial.
Los legisladores que se opusieron a la reforma incluyeron a representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Entre los opositores, destacaron figuras como Marco Antonio Mendoza Bustamante y Johana Montcerrat Hernández Pérez, del PRI; Claudia Lilia Luna Islas, del PAN; y Leonel Perusquía Moedano, del PRD. Estos legisladores expresaron sus preocupaciones sobre los posibles efectos negativos de la reforma en la independencia del Poder Judicial.
El debate previo a la votación prolongó la sesión por más de tres horas, con discursos apasionados de ambos lados. Los legisladores de la oposición criticaron la rapidez con la que se aprobó la reforma y advirtieron sobre las posibles implicaciones negativas para la población mexicana. Un punto particularmente debatido fue la elección popular de jueces y magistrados, un elemento clave de la reforma que, según los opositores, permitiría al Poder Ejecutivo Federal imponer candidatos afines en lugar de permitir un proceso verdaderamente democrático.
Por otro lado, los legisladores oficialistas defendieron la reforma argumentando que ayudará a eliminar los privilegios de los jueces y magistrados, muchos de los cuales disfrutan de salarios altos y subsidios que consideran desproporcionados en comparación con la realidad económica de la mayoría de los mexicanos. Sostuvieron que la reforma judicial permitirá que la justicia esté al alcance de todos, eliminando prácticas como el nepotismo y la impunidad, que han sido acusadas de caracterizar al sistema judicial en el pasado.
Los opositores, sin embargo, no se quedaron atrás en sus críticas. Señalaron que la historia juzgará a los políticos que aprobaron estos cambios, argumentando que la reforma tendrá más consecuencias negativas que positivas. Para ellos, la preocupación radica en que las modificaciones del sistema judicial, lejos de democratizar la justicia, podrían concentrar más poder en manos del gobierno central.
En contraste, los defensores de la reforma se mantuvieron firmes en su postura, celebrando que estos cambios son necesarios para erradicar las estructuras de poder que han perpetuado la corrupción en el Poder Judicial. Argumentaron que esta reforma pondrá fin a la concentración de poder en manos de unos pocos, y que los beneficios a largo plazo para la sociedad serán significativos.
La aprobación del dictamen en Hidalgo representa un paso más en el proceso de reforma judicial, que ha sido objeto de debates en todo el país. Mientras algunos celebran el fin de lo que consideran una era de corrupción e impunidad, otros temen que los cambios propuestos puedan llevar a una mayor concentración de poder. En cualquier caso, la reforma ya es una realidad, y su impacto en el sistema judicial mexicano se irá revelando en los próximos años.
