La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha iniciado una nueva consulta ante el pleno de ministros en relación con la controversia presentada por los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Esta controversia busca suspender la aplicación de la reforma al Poder Judicial, la cual fue promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema ha sido clasificado como urgente y fue asignado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para la elaboración de un proyecto de resolución.
Los trabajadores del Poder Judicial han expresado preocupación sobre diversas presuntas irregularidades tanto en el proceso legislativo que llevó a la aprobación de la reforma, como en el contenido material de la misma. Señalan que la iniciativa aprobada vulnera aspectos clave del Poder Judicial y afecta la independencia judicial. Ante esto, la SCJN ha sido llamada a determinar si es competente para analizar y, en su caso, frenar la implementación de la reforma.
En el texto presentado por los trabajadores se lee: “Se consulta al Tribunal Pleno sobre la procedencia de la controversia prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea respecto del cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo, como de su contenido material”.
Esta consulta es una respuesta a la solicitud hecha por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), que desde el 5 de septiembre ha presentado preocupaciones formales sobre la inconstitucionalidad de la reforma. Jufed argumenta que la propuesta viola el principio fundamental de independencia del Poder Judicial, lo cual podría comprometer la separación de poderes en el país.
Aunque aún no se ha detallado con precisión las irregularidades denunciadas por los trabajadores del Poder Judicial, se mencionó que, durante la sesión del Senado de la República, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) denunció la detención arbitraria del padre del senador Daniel Barreda, lo que obligó al legislador a ausentarse de la votación. A esto se suman otras acciones cuestionables, como la rápida aprobación de la reforma en varios congresos locales, siendo el estado de Oaxaca uno de los primeros en darle luz verde apenas horas después de su paso por el Senado.
Este tipo de señalamientos ha generado preocupación entre los jueces y magistrados, quienes consideran que estos movimientos legislativos comprometen la legalidad y legitimidad del proceso de reforma. En respuesta, la SCJN, bajo la dirección de Norma Piña, ha decidido intervenir para revisar la constitucionalidad de la misma y determinar si existe una base legal para suspender su aplicación.
El desarrollo del proyecto, ahora en manos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, será crucial para definir el futuro de esta controversia. La SCJN tendrá que decidir si asume la facultad para intervenir en esta cuestión, lo cual podría marcar un precedente significativo en la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en México. Asimismo, se espera que esta resolución tenga implicaciones importantes para la estabilidad y funcionamiento del Poder Judicial, en especial en cuanto a su independencia frente a posibles reformas que afecten su estructura y operación.
La consulta planteada por Norma Piña subraya la tensión existente entre las reformas promovidas por el gobierno de López Obrador y la defensa del principio de separación de poderes por parte de diversos actores dentro del Poder Judicial. Mientras tanto, los trabajadores judiciales esperan una respuesta que defina el rumbo de la reforma y la protección de sus derechos y funciones dentro del sistema judicial mexicano.
