El 21 de agosto, los trabajadores basificados del Poder Judicial de la Federación (PJF) del vigésimo noveno circuito de Hidalgo se unirán al paro nacional de labores, en protesta por la reforma judicial propuesta por el Poder Ejecutivo Federal. Esta decisión fue anunciada por Jorge Daniel Martínez, vocero de los trabajadores, en una conferencia de prensa celebrada en el acceso principal de la sede del Circuito Judicial en el bulevar Colosio de Pachuca.
La base trabajadora, compuesta por 700 empleados en Hidalgo y más de 54,000 a nivel nacional, ha expresado su rechazo a la reforma que consideran un intento de “someter al PJF”, el único contrapeso entre los Poderes de la Unión y garante de los derechos de los ciudadanos mexicanos. Según los trabajadores, la reforma busca eliminar la carrera judicial, un sistema de mérito que permite a oficiales, actuarios y secretarios acceder a cargos de juzgadores federales.
A pesar de la detención de actividades, los trabajadores han asegurado que no dejarán de atender asuntos urgentes como violaciones a derechos humanos, pensiones alimenticias, desapariciones y detenciones, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley de Amparo y el artículo 22 de la Constitución. Además, señalaron que los jueces y magistrados decidirán mediante una votación nacional si se unirán al paro de la base trabajadora.
Los trabajadores del PJF en Pachuca denunciaron que los foros generados tras la propuesta de reforma judicial fueron una simulación, ya que no se les permitió participar en la discusión ni expresar su opinión sobre los cambios propuestos. En un comunicado público, señalaron que la reforma pretende anular la división de poderes y eliminar el único contrapeso del Ejecutivo y el Legislativo, lo que pondría en riesgo la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.
Además, los trabajadores advirtieron que la reforma podría impactar negativamente a los mil 700 juzgadores en el país, así como al personal de base. Consideraron que la integridad de la justicia en México está en juego, ya que la reforma podría socavar la confianza en un sistema que debe ser imparcial y autónomo, y que es la única garantía de que los derechos de la ciudadanía serán respetados.
Por otra parte, llamaron a universidades y colegios de abogados a unirse a la lucha por la defensa del Poder Judicial de la Federación, enfatizando que no están defendiendo privilegios, sino la Constitución y la independencia judicial. Los trabajadores del PJF en Hidalgo hicieron un llamado a que se detenga la revisión de la reforma judicial impulsada por Morena en septiembre.
El contexto de este conflicto es aún más delicado debido a la situación financiera del Poder Judicial de Hidalgo. Según el análisis de la organización Impunidad Cero, Hidalgo registró el menor presupuesto aprobado para el Poder Judicial en la anualidad anterior, con solo un 1.04 por ciento del presupuesto estatal, en comparación con el promedio nacional del 1.74 por ciento. Esta falta de recursos compromete la capacidad del Poder Judicial para funcionar de manera efectiva, y las reformas normativas que buscan fortalecerlo tendrán efectos limitados si no están acompañadas de medidas que garanticen un flujo adecuado de recursos.
En este sentido, los trabajadores del PJF en Hidalgo y en todo el país están defendiendo no solo sus derechos laborales y la carrera judicial, sino también la independencia y la capacidad del Poder Judicial para garantizar justicia y proteger los derechos de los ciudadanos mexicanos. La protesta que comenzará el 21 de agosto es un reflejo de la profunda preocupación y el descontento que ha generado la reforma judicial propuesta, y subraya la importancia de un Poder Judicial fuerte, independiente y adecuadamente financiado para el funcionamiento de una democracia saludable.
