Desde la medianoche de este miércoles, el Poder Judicial de la Federación (PJF) se encuentra en un paro nacional de actividades en respuesta a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este movimiento, que comenzó oficialmente a las 00:00 horas, ha sumado a jueces y magistrados a las acciones de protesta, con lo que se han suspendido formalmente todas las actividades en los órganos del Poder Judicial de la Federación.
La protesta se ha intensificado con la presencia de trabajadores del PJF provenientes de diversas partes del país, quienes han llegado a la sede de San Lázaro para apoyar a sus compañeros en paro. Durante una conferencia de prensa realizada en este lugar, la jueza Juana Fuentes Velázquez, Directora Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), expresó su preocupación por el impacto que esta reforma podría tener en la nación.
En su intervención, la jueza Fuentes Velázquez aseguró que la reforma judicial representa una grave amenaza no solo para la justicia, sino para la estabilidad misma del país. Argumentó que una justicia dependiente del poder ejecutivo afectaría las inversiones, la confianza en las instituciones, y pondría en riesgo los derechos humanos, dejándolos a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria. Ante cientos de trabajadores que coreaban “el poder judicial no va a caer, no va a caer”, la jueza advirtió que el país podría estar encaminándose hacia una crisis constitucional sin precedentes si la reforma no es detenida.
A las 0:00 horas de este miércoles, jueces y magistrados se integraron oficialmente al paro nacional del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma del presidente López Obrador #Video: @PacoppRodriguez – EL UNIVERSAL pic.twitter.com/4NMJTVIYcR
— El Universal (@El_Universal_Mx) August 21, 2024
La jueza también subrayó que este intento de concentración del poder en una sola persona es una afrenta directa a la independencia judicial y un golpe mortal a la democracia que ha costado mucho esfuerzo establecer y proteger. En sus palabras, cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder. Como custodios de la ley, añadió, es responsabilidad de los jueces y magistrados levantarse contra cualquier intento de subyugar la justicia a los intereses políticos.
El paro nacional, explicó Fuentes Velázquez, es un acto legítimo de resistencia contra la reforma judicial, y no será levantado hasta que esta sea desechada por completo. En su lugar, la jueza propuso la construcción de una reforma integral del sistema de justicia, en la cual, dijo, los miembros del PJF estarían dispuestos a participar activamente. “El futuro de nuestro país está en juego”, concluyó, “y no permitiremos que la justicia sea sacrificada en el altar del poder. Que nuestra voz se escuche alta y clara: la justicia no se vende, no se subyuga, y no se silencia”.
La JUFED publicó un manifiesto en su página oficial en el que puntualiza que la suspensión de actividades bajo ningún concepto será considerada causal de delito, ni motivo para procedimientos de juicio político o responsabilidad administrativa. Este paro, que comenzó el lunes 19 de agosto, ha sido un claro acto de protesta contra la reforma propuesta por el presidente López Obrador. A lo largo de esta semana, trabajadores del PJF de distintos estados, incluidos Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Mérida, Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí, se han sumado al movimiento.
En su conferencia matutina, el presidente López Obrador reconoció el derecho de los trabajadores a manifestarse, pero también señaló que, si conocen actos de corrupción y no los denuncian, solo estarán sirviendo de “paleros”. El presidente reiteró que la reforma judicial no afecta a los trabajadores, sino que les beneficia, y enfatizó que su gobierno no está en contra de ellos, sino de los privilegios y la corrupción dentro de la institución.
López Obrador defendió su reforma argumentando que su objetivo es corregir y erradicar la corrupción en el Poder Judicial, especialmente en los niveles superiores donde, según él, jueces, magistrados y ministros han dejado en libertad a delincuentes tanto del crimen organizado como a delincuentes de cuello blanco. Aunque aclaró que no todos los jueces son corruptos, señaló que muchos han permitido que estos criminales escapen de la justicia, y por ello, subrayó la necesidad de una reforma profunda.
Este paro nacional ha marcado un punto crítico en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, poniendo de manifiesto las tensiones existentes y la profunda preocupación de los trabajadores del PJF por las implicaciones que esta reforma podría tener para la independencia judicial y la democracia en México.
