El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su preocupación ante la posible aprobación de la reforma judicial en México, destacando los riesgos que conlleva para el funcionamiento de la democracia y la integración de las economías. Durante una conferencia de prensa, Salazar enfatizó que la elección popular de jueces, como propone la reforma, podría representar un peligro significativo para el sistema judicial mexicano y su independencia. Según el embajador, cualquier reforma en este ámbito debe garantizar el fortalecimiento del Poder Judicial y evitar que este sea vulnerable a la corrupción política.
El anuncio del embajador Salazar se produce tras la inquietud manifestada por empresarios estadounidenses, quienes han pedido al gobierno de Joe Biden que inste al gobierno entrante de México a adoptar un enfoque más cauteloso y reflexivo en la aprobación de esta reforma. Esta preocupación también ha tenido eco en el sector financiero, donde el banco de inversión Morgan Stanley degradó la recomendación de inversión en México, citando los riesgos que la reforma judicial podría suponer para la estabilidad económica del país. Según el banco, esta situación ha llevado a reducir su participación en empresas clave como Walmex, Femsa y Coca-Cola Femsa.
Salazar destacó que el debate sobre la elección directa de jueces en México podría amenazar la histórica relación comercial entre ambos países, que se basa en la confianza de los inversionistas en el marco legal mexicano. Además, advirtió que las elecciones directas podrían facilitar la manipulación de jueces inexpertos por parte de cárteles y otros actores malintencionados, lo que debilitaría aún más el sistema judicial.
El embajador reconoció la importancia de combatir la corrupción judicial en México, pero afirmó que la elección directa de jueces no resolverá este problema ni fortalecerá al Poder Judicial. En su opinión, este proceso solo debilitaría los esfuerzos para lograr la integración económica de América del Norte y generaría incertidumbre en los próximos años debido al continuo debate sobre la elección directa.
Salazar subrayó la necesidad de contar con un Poder Judicial fortalecido en México, compuesto por jueces capacitados para gestionar litigios complejos en áreas como las extradiciones y las disputas comerciales. Sin embargo, criticó la propuesta de reforma por eliminar requisitos clave, como los años de experiencia necesarios para ocupar cargos en el sistema judicial. A pesar de estas críticas, el embajador reiteró que Estados Unidos respeta la soberanía de México y su derecho a reformar su sistema judicial.
Ante las preocupaciones del sector empresarial estadounidense, Salazar hizo un llamado a mantener la certidumbre en el marco jurídico de México. Señaló que la elección directa de jueces podría generar incertidumbre no solo para el gobierno mexicano, sino también para el gobierno de Estados Unidos y las empresas que desean invertir en el país. En caso de que se apruebe la reforma, advirtió que podrían surgir controversias y litigios en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que afectaría la estabilidad jurídica y económica.
Finalmente, el embajador Salazar comentó sobre la posible desaparición de órganos autónomos en México, señalando que también existen preocupaciones al respecto. A pesar de las advertencias de calificadoras de Estados Unidos, Salazar instó al Congreso mexicano a revisar y comprender las posibles consecuencias de la reforma judicial, especialmente ante los cambios que podrían ocurrir en el futuro.
