Con una votación de 25 votos a favor y 5 en contra, el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó la minuta constitucional que formaliza la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este proceso legislativo se dio tras 90 horas de discusión en una sesión ordinaria que tuvo lugar la mañana del viernes 27 de septiembre de 2024.
Los cinco votos en contra provinieron de los partidos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, mientras que las 25 diputadas y diputados restantes, pertenecientes a Morena, Nueva Alianza, PRD, Verde Ecologista de México y PT, se pronunciaron a favor de la reforma.
Uno de los primeros en intervenir fue el diputado José Luis Rodríguez Higareda, quien defendió la reforma argumentando que no se trata de una militarización, sino de un esquema de seguridad pública que respeta los derechos humanos. Según el legislador, la Guardia Nacional actuará conforme a las normas y principios establecidos por la ley, a diferencia de las fuerzas de seguridad de años anteriores, que en ocasiones se desentendieron de los derechos fundamentales.
Por otro lado, la diputada panista Claudia Lilia Luna Islas se manifestó en contra de la reforma, destacando que poner a la Guardia Nacional bajo control militar es una forma de militarización de la seguridad pública. Luna Islas expresó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que, según ella, han surgido con el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad en años recientes. Recordó que en varias ocasiones han habido denuncias de abusos y excesos por parte de militares en funciones de seguridad, y este tipo de hechos son los que la oposición busca evitar.
En contraste, Mónica Reyes Martínez, diputada de Nueva Alianza, defendió la medida como un paso necesario para fortalecer las instituciones de seguridad en México. Afirmó que la reforma busca corregir los errores cometidos en el pasado, especialmente aquellos derivados de la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada por gobiernos panistas, que, según ella, fue una estrategia fallida y que el pueblo mexicano no ha olvidado.
Reyes Martínez también resaltó que la disciplina militar que regirá a la Guardia Nacional no es una amenaza para los derechos civiles, sino una forma de asegurar la efectividad y el respeto a las leyes en las acciones de seguridad. Para la diputada, esta reforma es clave para garantizar un México más seguro y para mitigar los efectos de la crisis de inseguridad que se ha profundizado en los últimos años.
La diputada priísta Johana Montcerrat Hernández criticó el incremento en la percepción de inseguridad en el país, argumentando que fenómenos como las desapariciones forzadas, feminicidios y homicidios dolosos son ahora más comunes que nunca. Para Hernández, la militarización de la seguridad pública no es una solución viable, y lamentó que la mayoría de los legisladores apoyaran la reforma sin hacer modificaciones al proyecto original.
Hernández también mencionó que las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Guardia Nacional han aumentado en un 41%, y que los militares implicados en abusos son juzgados únicamente por tribunales militares, lo que crea un entorno de opacidad y falta de rendición de cuentas.
Carlos Alejandro Alcántara Carvajal, diputado de Movimiento Ciudadano, también se pronunció en contra de la reforma, mencionando incidentes en los que el Ejército ha intervenido en comunidades civiles, causando desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Alcántara Carvajal afirmó que fortalecer un aparato militarizado para la seguridad pública debilitará las instituciones del país, afectando no solo la autonomía de los estados y municipios, sino también la confianza en el gobierno federal.
Por su parte, Diana Rangel Zúñiga, diputada de Morena, afirmó que la reforma no tiene como objetivo militarizar el país, sino fortalecer las instituciones de seguridad pública. Rangel Zúñiga aseguró que la desinformación en torno a la reforma ha generado preocupaciones infundadas y que la verdadera intención es proteger la soberanía nacional y mejorar la seguridad ciudadana.
El debate sobre la efectividad de la reforma no solo se centró en los méritos o fallas del gobierno actual, sino también en las comparaciones con administraciones pasadas. El priísta Marco Antonio Mendoza Bustamante utilizó la Tribuna para señalar que, aunque el actual gobierno ha intentado mejorar la seguridad, la realidad es que no ha logrado cumplir las expectativas. Mendoza Bustamante recordó que cuando López Obrador asumió la Presidencia en 2018, México ya enfrentaba una crisis de violencia con 136 mil muertes violentas, y que al finalizar su mandato, Claudia Sheinbaum heredará un país con alrededor de 190 mil muertes, lo que refleja que la estrategia de seguridad no ha funcionado como se esperaba.
Finalmente, la diputada priísta Alhely Medina Hernández puntualizó que, a pesar de las críticas, la Guardia Nacional tendrá funciones claramente diferenciadas y no se encargará de delitos comunes, que seguirán siendo responsabilidad de los gobiernos locales. Medina Hernández también mencionó que la disciplina militar que se implementará en la Guardia Nacional no es un modelo inusual y que varios países utilizan estructuras similares para garantizar la seguridad interna.
Con esta aprobación en Hidalgo, la reforma constitucional de la Guardia Nacional avanza un paso más en su proceso de implementación, consolidando una estrategia de seguridad que ha sido objeto de un intenso debate en el país. Aunque sus detractores advierten sobre los riesgos de militarizar la seguridad pública, quienes apoyan la reforma confían en que fortalecerá la capacidad del Estado para enfrentar la violencia y garantizar el bienestar de la población.
