El proceso electoral en México ha cerrado con un preocupante incremento en la violencia política, registrándose más de 750 ataques contra actores políticos. Desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 26 de mayo de 2024, se contabilizaron 749 incidentes a nivel nacional, casi el doble de los 382 ocurridos durante las elecciones de 2017 y 2018. Las entidades con el mayor número de políticos asesinados en este periodo son Chiapas, con ocho víctimas; Guerrero, con seis; y Michoacán, con cuatro, según datos de la consultora Integralia.
A lo largo del proceso electoral, al menos 34 candidatos o aspirantes a puestos de elección popular fueron asesinados. Este dato refleja una alarmante realidad para los actores políticos en México, con Chiapas, Guerrero y Michoacán siendo los estados más afectados. Hasta el 1 de mayo, se habían registrado 29 asesinatos de personas involucradas en el proceso electoral, destacándose que 14 de las víctimas eran miembros de Morena, seguido por el PRI y el PRD, con cuatro víctimas cada uno.
Según Integralia, para el 26 de mayo, se habían documentado 316 agresiones resultando en 749 víctimas, incluyendo 231 asesinatos. Estas agresiones comprenden atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia de alto impacto. Este número representa un aumento del 150.5% en comparación con las 299 víctimas registradas durante el proceso electoral 2020-2021. Las agresiones se han extendido por diversas regiones, con Puebla, Chiapas y Guerrero registrando las cifras más altas de víctimas.
Las estadísticas también revelan que la mayoría de las agresiones fueron amenazas (181), seguidas por atentados (54) y asesinatos (34). De las víctimas, 239 pertenecían al ámbito municipal, 31 al federal, 25 al estatal y 24 no se identificaron. El partido Morena registró el mayor número de militantes agredidos, con 61 víctimas, seguido por el PRI con 58, el PAN con 43, Movimiento Ciudadano con 30, el PVEM con 20 y el PT con 13.
Armando Vargas, consultor de Integralia, señala que varios factores contribuyen al aumento de la violencia política, incluyendo la presencia de mercados ilícitos como la extorsión y el tráfico de migrantes. Además, criticó el programa de protección a candidatos del gobierno federal, señalando su fracaso al no considerar adecuadamente las dinámicas de control territorial por parte del crimen organizado. Este panorama de violencia política refleja una intervención significativa del crimen organizado, que busca influir en la movilización o inhibición del voto, así como alterar los resultados en algunas casillas.
En conclusión, el proceso electoral en México ha estado marcado por un alarmante aumento en la violencia contra actores políticos, con un impacto significativo en la seguridad y la integridad del proceso democrático. La intervención del crimen organizado y la ineficacia de los programas de protección resaltan la necesidad urgente de abordar estos problemas para garantizar elecciones seguras y justas en el futuro.
