En las primeras horas del lunes 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro indefinido de labores en respuesta a la presentación de un nuevo dictamen sobre la reforma del Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta movilización se dio en diversas partes del país, incluyendo el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, donde un grupo de aproximadamente 50 trabajadores se congregó para manifestar su rechazo a la reforma que consideran “agresiva”.
Los manifestantes utilizaron cadenas y candados para bloquear la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y colgaron mantas con mensajes como “Juzgar no es un asunto de popularidad, basta de mentiras”. El paro de labores se extendió a otras entidades como el Estado de México, la Ciudad de México y Puebla. Bajo el lema “¡Todos Somos Uno, Uno Somos Todos!”, los trabajadores buscan visibilizar su descontento con la reforma que, en su opinión, pretende someter al Poder Judicial de la Federación, el cual consideran un contrapeso crucial entre los Poderes de la Unión y un garante de los derechos de los ciudadanos.
El paro de labores no es absoluto, ya que se acordó que se atenderán únicamente aquellos casos que sean considerados “urgentes”. Sin embargo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) ha expresado su preocupación, indicando que el nuevo dictamen no respeta las necesidades y derechos de los trabajadores. Patricia Aguilar, ministra y portavoz de Jufed, declaró que la reforma presentada “borra de un plumazo” los avances y esfuerzos de quienes buscan progresar en la carrera judicial en México.
El contexto de esta movilización tiene sus raíces en las acciones tomadas el pasado 13 y 14 de agosto, cuando las ocho secciones del Sindicato de Trabajadores del PJF acordaron suspender labores en espera del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Este dictamen debía garantizar la salvaguardia de sus derechos laborales y prestaciones. Sin embargo, tras la publicación del nuevo dictamen, un grupo de trabajadores decidió adelantar el paro de labores. A pesar de esta acción, los juzgadores federales no participaron en este primer momento, y están en proceso de decidir mediante votación si se unirán al paro.
📰|| Este lunes, inició el #ParoNacional indefinido de labores en el #PoderJudicial de la Federación, más de 55 mil trabajadores se pronuncian en contra de la Reforma judicial, se suman varios sedes judiciales del país
— Curul Puebla (@CurulPuebla) August 19, 2024
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El dictamen de reforma al Poder Judicial, que será discutido próximamente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, propone una serie de cambios profundos en el proceso de nombramiento y selección ciudadana de ministros, magistrados y jueces en México. Estas modificaciones incluyen la introducción de plazos máximos para resolver casos tributarios, una reducción en el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y un proceso de elección ciudadana coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Específicamente, la reforma propone que el Senado pierda su facultad de nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial, limitándose a tomar protesta y gestionar solicitudes de licencia o renuncia. La administración del Poder Judicial será gestionada por un órgano especializado, mientras que la disciplina será competencia del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía.
Otra modificación importante es la reducción del número de ministros en la SCJN, de 11 a 9, y la implementación de un sistema rotativo para la presidencia de la Corte, que se renovará cada dos años mediante votación. Además, la remuneración de los integrantes del Poder Judicial no podrá superar la establecida para el Presidente de la República, y se prohibirán la creación y operación de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos similares.
La reforma también contempla la reducción del periodo de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años, eliminando su derecho a haber por retiro. Los magistrados del Tribunal Electoral durarán en su encargo seis años, mientras que los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito permanecerán nueve años, con posibilidad de reelección consecutiva. Además, cualquier persona o autoridad podrá denunciar hechos de responsabilidad administrativa o penal cometidos por servidores públicos del Poder Judicial ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
En cuanto al proceso de elección ciudadana, se eliminará el requisito de tener al menos 35 años cumplidos para ser ministro, magistrado o juez, pero los candidatos deberán tener un título de licenciado en derecho con un promedio general mínimo de 8.0 y 9.0 en materias relacionadas con el cargo, además de al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la actividad jurídica. El INE será el encargado de organizar las elecciones, realizar los cómputos, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría. Las campañas durarán 60 días, y estará prohibido el financiamiento público o privado de las mismas, así como la contratación de espacios en medios de comunicación para promocionar candidaturas.
Para la primera elección de este tipo, se abrirá un Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, y los electos tomarán protesta ante el Senado el 1 de septiembre de 2025. La implementación de esta reforma representa un cambio significativo en el panorama del Poder Judicial en México, y ha generado una fuerte reacción entre los trabajadores del PJF, que ven en ella una amenaza a su independencia y a los principios que han regido su labor hasta ahora.
