El Senado de la República aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra una reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta medida, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado controversia y ha sido señalada por la oposición como la consolidación de la militarización del país. La votación contó con el apoyo del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien se sumó a la mayoría oficialista de Morena y sus aliados.
La sesión en la que se discutió la reforma comenzó la noche del 24 de septiembre y se prolongó por más de ocho horas, finalizando en la madrugada del 25 de septiembre. En este debate, los legisladores discutieron la propuesta de modificar varios artículos de la Constitución, entre ellos los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129. Estas modificaciones otorgan a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, lo que marca un cambio significativo en el papel de la GN.
De acuerdo con el dictamen aprobado, “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.
La reforma define a la Guardia Nacional como una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial”, dependiente de la Sedena. La medida busca que la GN ejecute la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, consolidando su dependencia del ámbito militar.
Además, la persona que ocupará la Comandancia de la Guardia Nacional será designada por el presidente de la República, a propuesta de la Sedena, y deberá ostentar el grado de general de División en activo. Esta disposición ha generado preocupación en sectores de la oposición, que ven en esta reforma un paso hacia la militarización de la seguridad pública.
Luis Donaldo Colosio Riojas, senador por Movimiento Ciudadano, expresó en tribuna que esta reforma “constituye el último clavo al féretro de la seguridad civil”. Según Colosio, es innegable que la medida implica la militarización de la seguridad pública, y cuestionó el creciente número de militares en las calles en comparación con las fuerzas policiales.
Por su parte, Ricardo Anaya, senador del PAN, argumentó que la militarización no ha sido una solución efectiva para disminuir la violencia en el país. Citó cifras alarmantes sobre el aumento de homicidios desde el sexenio de Vicente Fox hasta la actual administración de López Obrador, señalando que, a pesar del despliegue militar, los resultados en materia de seguridad han sido negativos.
Anaya destacó que, de los 31 millones de delitos que se cometen anualmente en México, según datos oficiales, la Guardia Nacional solo realizó 3 mil detenciones en el último año. Esta cifra, indicó, refleja la ineficacia del modelo actual y pone en duda la efectividad de la reforma.
En contraste, la senadora de Morena, Citlalli Hernández, defendió la medida, asegurando que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena no equivale a la militarización de la seguridad pública. Argumentó que esta medida es coherente con las acciones que los partidos de izquierda han propuesto históricamente, destacando la necesidad de una fuerza de seguridad eficiente y bien estructurada.
Alejandro Murat, también senador por Morena y exgobernador de Oaxaca, subrayó que la reforma crea una figura de seguridad mixta, donde la investigación y la inteligencia seguirán bajo el control de las autoridades civiles, en este caso representadas por el Ministerio Público. Esto, aseguró, permitirá un equilibrio entre las funciones militares y civiles en el ámbito de la seguridad pública.
Una vez aprobado el decreto, el proyecto regresará al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien deberá firmarlo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, la Guardia Nacional, creada en 2019 para reemplazar a la extinta Policía Federal, pasará oficialmente bajo el mando de la Sedena. Cabe destacar que este cuerpo está compuesto en su mayoría por personal militar, lo que ya había suscitado debates sobre su naturaleza.
En 2022, se aprobó una ley secundaria que transfirió temporalmente la Guardia Nacional a la Sedena, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional, lo que llevó al presidente a proponer esta reforma constitucional para legitimar el traspaso.
Ante esta reforma, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado instando a los legisladores a reconsiderar el proyecto y priorizar un “paradigma civil” en la seguridad pública. La organización internacional ha señalado la importancia de mantener la seguridad bajo el control de autoridades civiles para evitar posibles violaciones a los derechos humanos. La aprobación de esta reforma constitucional ha generado un intenso debate sobre el rumbo de la seguridad pública en México. Mientras el gobierno federal defiende la medida como una forma de consolidar y fortalecer la Guardia Nacional, la oposición y organismos internacionales advierten sobre los riesgos de militarizar la seguridad y desdibujar la frontera entre las funciones civiles y militares en el país.
