El reloj marcaba las 12:03 de la madrugada cuando el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó la aprobación en lo general de la Reforma Judicial. Con 86 votos a favor y 41 en contra, la bancada de Morena y sus aliados logró la mayoría calificada necesaria para dar luz verde a una de las reformas más controvertidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, conocida como el “Plan C”, abre la puerta a la elección popular de jueces, magistrados y ministros, un cambio significativo en la estructura del Poder Judicial mexicano.
La jornada estuvo marcada por una alta dosis de tensión y confrontación. Durante más de 13 horas, los senadores discutieron el destino de esta reforma en medio de protestas que se trasladaron hasta la sede alterna del Senado, en Xicoténcatl, después de que manifestantes interrumpieran la sesión en la sede oficial. A pesar de los obstáculos, Morena y sus aliados, con el voto crucial del panista Miguel Ángel Yunes, lograron asegurar los dos tercios necesarios del Senado para avanzar con la reforma.
Minutos después de la medianoche, la Cámara de Senadores confirmó a través de sus redes sociales y del canal oficial del Congreso que la Reforma Judicial había sido aprobada en lo general. Este logro representa un paso clave para el gobierno de López Obrador, quien había prometido que la reforma estaría lista antes del 15 de septiembre como parte de los festejos patrios, en un esfuerzo por consolidar su legado antes de dejar el cargo.
La sesión no estuvo exenta de controversia. La ausencia del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barrera, quien se encontraba en Campeche debido a un asunto familiar, generó acusaciones de secuestro judicial por parte de la oposición. Los detractores de la reforma calificaron su aprobación como un “golpe” al Poder Judicial, mientras que los senadores oficialistas celebraron lo que consideraron una victoria política significativa.
Inmediatamente después de la votación en lo general, comenzó el debate en lo particular, en el cual se discutieron 60 artículos reservados del dictamen. Andrea Chávez, senadora de Morena, abrió la sesión acusando a los senadores de oposición de incitar una “intentona golpista” debido a la presencia de manifestantes en la sesión anterior. Comparó a sus adversarios políticos con el dictador chileno Augusto Pinochet, lo que encendió aún más los ánimos en el recinto legislativo.
A pesar de las duras críticas, la reforma avanzó sin modificaciones. Morena, junto con el PT, PVEM y el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, lograron que la reforma pasara en lo general y en lo particular. El núcleo de esta reforma es la elección popular de jueces, magistrados y ministros, además de la implementación de la figura de “juzgadores sin rostro” y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que reemplazará al actual Consejo de la Judicatura Federal. Este tribunal tendrá la tarea de revisar la actuación de los jueces y sancionar posibles irregularidades, en un intento de erradicar la corrupción y los abusos dentro del Poder Judicial.
Durante el debate, la oposición presentó más de 60 reservas, todas rechazadas de manera sistemática por la mayoría oficialista. Incluso algunos legisladores utilizaron su tiempo en tribuna para lanzar críticas personales. Tal fue el caso de la senadora Lucía Trasviña de Morena, quien calificó a los opositores de “traidores a la patria” por votar en contra de la reforma. Afirmó que el Poder Judicial ha servido durante décadas a los intereses de la oligarquía y que la oposición defiende esos mismos intereses.
Trasviña también arremetió contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, acusándola de proteger a criminales de cuello blanco y de permitir la liberación de responsables de casos como la Estafa Maestra y la tragedia de la guardería ABC. Estas declaraciones, aunque incendiarias, reflejaron el tono general del debate, en el que las acusaciones de traición y corrupción dominaron la discusión.
Una vez desechadas todas las reservas, la reforma fue aprobada en lo particular y ahora será enviada a los congresos estatales para su ratificación. Según el proceso legislativo, se requiere la aprobación de al menos 17 congresos locales para que la reforma pueda ser promulgada por el Ejecutivo federal. En el caso de obtener el respaldo necesario, la reforma representaría un cambio profundo en la forma en que se eligen los juzgadores en México, lo que ha generado tanto expectativas como temores sobre su impacto en la independencia del Poder Judicial.
Al final de la maratónica sesión, los senadores afines a la Cuarta Transformación festejaron con aplausos la aprobación de la reforma judicial, conscientes de que esta victoria legislativa marca un hito en el proyecto político de López Obrador. Los congresos locales, por su parte, comenzaron a organizar sesiones extraordinarias para discutir la minuta de la reforma. En Oaxaca, senadores de Morena y de la oposición votaron de manera unánime a favor de la reforma. En Tamaulipas, la Diputación Permanente aprobó también por unanimidad la minuta y programó una sesión plenaria para el 12 de septiembre con el fin de ratificar la reforma. Otros estados, como Tabasco y Quintana Roo, también se sumaron rápidamente al proceso de ratificación.
El debate sobre la reforma judicial no sólo ha tenido repercusiones en el ámbito legislativo, sino que ha movilizado a diversos sectores de la sociedad, incluidos académicos, jueces, y organizaciones civiles, que han expresado tanto apoyo como preocupación por el alcance de estos cambios. Mientras los partidarios de la reforma argumentan que es un paso necesario para democratizar el Poder Judicial y acabar con los vicios de corrupción, sus críticos advierten sobre los riesgos de politizar la justicia y debilitar su independencia.
A medida que la reforma avanza hacia los congresos estatales, el futuro del Poder Judicial mexicano pende de un hilo. De ser ratificada, podría transformar radicalmente la forma en que se administra la justicia en el país. Sin embargo, la profunda polarización que ha generado indica que el debate sobre el papel del Poder Judicial en México está lejos de terminar.
